Pensión y comunidades religiosas: lo que fijó la Corte Suprema de Justicia en 2026

¿Qué pasa con los años de vida que alguien dedica a una comunidad religiosa si al retirarse llega a la vejez sin pensión? La pregunta parece sencilla, pero tiene una respuesta jurídica compleja. En 2026, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respondió esta pregunta con la sentencia SL445-2026, un fallo que marca un precedente relevante, pero no por el camino que uno esperaría: no fue por la vía del contrato de trabajo, sino por la del deber de solidaridad.

Si usted o alguien cercano vivió años al interior de una congregación o comunidad religiosa y hoy no tiene acceso a una pensión de vejez, este artículo le explica el panorama jurídico real.

El punto de partida: aquí no hubo contrato de trabajo, la Corte lo dice sin rodeos

A diferencia de lo que muchas veces se asume, en este caso la Corte no aplicó la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Todo lo contrario: reiteró que cuando una persona ejerce funciones dentro del ámbito exclusivo de su vocación religiosa —docencia, dirección de instituciones, labores misionales—, no puede hablarse de una relación laboral entre ella y su comunidad, porque actúa en función de su creencia, no como trabajadora subordinada.

Esto no es un detalle menor. Significa que quien busque apoyarse en esta sentencia no puede plantear su caso como una demanda por contrato realidad. El CST define el contrato de trabajo a partir de tres elementos: la prestación personal del servicio, la subordinación o dependencia, y la remuneración; y ese no fue el debate, ni lo que la Corte resolvió en esta ocasión.

Entonces, ¿por qué ganó el caso la demandante?

Porque la Corte identificó una obligación distinta, que no depende de que exista o no un contrato: el llamado deber de solidaridad de las organizaciones de tendencia religiosa hacia las personas que las conforman.

La idea, en términos sencillos, es esta: cuando alguien se vincula a una comunidad religiosa bajo votos canónicos —renunciando a bienes propios y a un ingreso personal—, la comunidad adquiere, como contrapartida, la obligación de velar por su sustento y subsistencia digna, incluyendo la vejez, la enfermedad y la invalidez. Este deber, dice la Corte, nace desde el momento mismo de la incorporación a la comunidad, no desde que exista una norma que obligue a afiliar a esa persona a pensión.

¿Aplica esto a cualquier persona que haya estado en una comunidad religiosa?

No de forma automática, y aquí hay que ser cuidadosos. La Corte reiteró que, como regla general, antes del Decreto 3615 de 2005 —que estableció la afiliación obligatoria de los miembros de comunidades religiosas al sistema de pensiones como trabajadores independientes— no existía una obligación legal categórica de afiliarlos. Esa sigue siendo la regla.

Lo que hizo la Corte en la SL445-2026 fue reconocer una excepción, sustentada en las circunstancias particulares del caso:

• La persona prestó servicios de manera exclusiva y prolongada (23 años), generando un beneficio institucional y operativo claro para la comunidad —sostuvo la operación de sus colegios—.

• La propia comunidad afilió voluntariamente a la demandante al sistema de pensiones en un periodo posterior (desde 1990), aun cuando en ese momento no era obligatorio. Para la Corte, esto demuestra que la comunidad ya asumía materialmente el riesgo de vejez de sus miembros, lo que hace inconsistente que alegara falta de mecanismos para los años anteriores.

Es decir: no basta con haber pertenecido a una comunidad religiosa sin cotizar. El caso se ganó por la combinación específica de estos factores.

¿Qué normas rigen esta situación?

El marco normativo que usó la Corte es el siguiente:

• Decreto 2419 de 1987 (que aprobó el Acuerdo 041 de 1987): estableció la afiliación facultativa de los miembros de comunidades religiosas al entonces ISS.

• Decreto 3615 de 2005: estableció, por primera vez, la afiliación obligatoria de estas personas como trabajadores independientes.

• Artículos 1, 13 y 48 de la Constitución Política: dignidad humana, igualdad y seguridad social como derecho fundamental e irrenunciable.

• Jurisprudencia constitucional (sentencias SU-540-2007 y SU-368-2022 de la Corte Constitucional): sobre el deber de solidaridad de las confesiones religiosas frente a sus miembros.

• Sentencia SL9197-2017 de la propia Sala Laboral: que desarrolló la figura del "empleador ideológico" y aclaró que no toda vinculación a una organización de tendencia genera relación laboral.

La herramienta técnica para hacer efectiva la condena fue el cálculo actuarial: la comunidad debe trasladar a Colpensiones el valor correspondiente al periodo no cotizado, para que ese tiempo se compute en la pensión.

Implicaciones prácticas: ¿Qué debe hacer alguien que estuvo en esta situación?

Si usted vivió años dentro de una comunidad religiosa y hoy no cuenta con las semanas necesarias para pensionarse, estos son los elementos que realmente pesan a la luz de este precedente:

1. Documentar la dedicación exclusiva y prolongada. No se trata de probar subordinación laboral, sino de acreditar el tiempo real de servicio y su continuidad.

2. Evidenciar el beneficio institucional generado. Cargos de dirección, docencia, administración u otras funciones que hayan sostenido operativamente a la comunidad fortalecen el argumento.

3. Revisar si hubo afiliación voluntaria en algún periodo. Si la comunidad cotizó en algún momento —aunque fuera parcial—, eso puede interpretarse como reconocimiento tácito de que asumía el riesgo pensional.

4. Verificar las semanas reportadas ante Colpensiones o el fondo correspondiente, para identificar con precisión los vacíos de cotización.

5. Consultar con un profesional del derecho laboral y de la seguridad social, porque este precedente no es una regla automática — depende de que se acrediten circunstancias similares a las del caso, y hubo tres salvamentos de voto que reflejan que el criterio no es unificado ni siquiera dentro de la propia Corte.

¿Y si la comunidad religiosa argumenta que era una relación espiritual?

Una precisión importante sobre el argumento de "Servicio espiritual" a diferencia de lo que suele pensarse, la comunidad religiosa no perdió el caso porque su defensa de "vocación religiosa" fuera descartada como una mera etiqueta. La Corte le dio la razón en ese punto: efectivamente no hubo relación laboral. Perdió porque, aun sin relación laboral, existe un deber distinto —de solidaridad— que sí la obligaba a responder por el vacío de cotización, dadas las circunstancias específicas del caso.

Conclusión

La sentencia SL445-2026 no dice que trabajar por vocación religiosa "en el fondo" sea un contrato de trabajo disfrazado. Dice algo distinto que en cierto sentido es más interesante: que hay vínculos humanos —como el de quien entrega su vida entera a una comunidad— que generan responsabilidades de seguridad social incluso sin que exista relación laboral, cuando concurren dedicación exclusiva, beneficio institucional y actos de la propia comunidad que demuestren que ya asumía ese riesgo. Es un matiz importante, y quien vaya a construir un caso sobre esta base debe entenderlo con precisión, porque el fallo no es una puerta abierta para cualquier reclamo, sino una excepción cuidadosamente delimitada — y todavía debatida internamente en la propia Corte.

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